El
lunes pasado Pablo Suárez Coello, Director de Transporte Ferroviario y
Multimodal de la SCT, dio a conocer que el, desde ahora ya famoso, tren de alta
velocidad que cubrirá la ruta México-Querétaro será construido por un consorcio
en el que concurren la empresas orientales China Railway Construction
Corporation y China South Rolling Stock Corporation además de las mexicanas
Prodemex, Grupo GIA, Constructora TEYA y GHP Infraestructura Mexicana.
En
un principio es de llamar la atención que un proyecto cuya oferta es 21% más
cara de lo presupuestado, fuera aprobado así, a la primera. Luego el panorama
se aclara cuando se sabe que 1.- Este bloque de empresas no tuvo oponente, fue
el único concursante. 2.- El grupo GIA es propiedad de Hipólito Gerard, hermano
de Ana Paulina Gerard, actual esposa de Carlos Salinas de Gortari (¿le suena?)
3.- Constructora TEYA está muy relacionada con la empresa EOLO, la misma que
rentó los aviones para la campaña de Enrique Peña Nieto. 4.- Prodemex pertenece
a Olegario Vázquez Aldir, hijo de Olegario Vázquez Raña dueño de Grupo Imagen
(radio, televisión y OEM El Sol de México).
Para
Jorge Luis Preciado, coordinador de la bancada azul en el Senado, algo huele
mal y dijo que “Desde que nació la licitación empezó a oler mal el tema pero
conforme fue avanzando, confirmamos que todo apunta a una licitación “a modo”
para que la gane un grupo empresarial con el que, curiosamente, están ligados
Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto”.
Por
su parte el bloque de Senadores panistas pidieron al Secretario de
Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, que aclare el cómo y el
porqué este contrato millonario (58 mil 951 millones de pesos) se le asignara a
un solo consorcio y se le otorgara tan poco tiempo (60 días) para generar todo
el proyecto. Piense usted mal y acertará. Lo puedo jurar.
Sin
embargo y para parar toda clase de suspicacias, Suarez Coello sale al ruedo
diciendo que a las empresas mencionadas se suma la francesa Systra, con la que,
aparentemente, se garantiza el cumplimiento de los estándares, a nivel mundial,
de seguridad y operatividad, además de que el consorcio ganador cuenta con las
suficientes condiciones económicas y, por si fuera poco, el 85% del costo total
de la obra será financiado por el EximBank de China.
-Oye
carnalito ¿entons los chinos vinieron por todas la canicas y se las llevaron?
-¿Cómo
la veis-bol? Pero cuando menos en esto
de la construcción de trenes los chinos son fregones, acuérdate que ellos
construyeron los primeros trenes gringos en el lejano Oeste
***
Ya se ha señalado
bastante: Ayotzinapa es sólo la punta del iceberg. En el mismo sentido, hoy más
que nunca, es necesario recordar que José Luis Abarca es tan sólo la punta
de Ayotzinapa. Su captura no resuelve en lo absoluto el problema que hay de fondo,
el que permite mantener a flote con aparente ligereza a la gran mole de
corrupción e inseguridad que hoy reina tanto en las instituciones como en las
calles del país: la crisis del Estado mexicano. Y, por supuesto, tampoco
resuelve el más inmediato de los problemas: el del paradero de los 43
estudiantes normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre.
La
crisis del Estado mexicano se revela a múltiples niveles. La toma tardía del
caso por parte de la PGR no sólo abrió la investigación para la localización de
Abarca y de los estudiantes desaparecidos. Las líneas de investigación han
abierto sendas cada vez más profundas en torno a los posibles nexos con el
crimen organizado mantenidos por funcionarios tan importantes como Iñaky Blanco
Cabrera, Fiscal (procurador) General de Guerrero quien, desde el sexenio
pasado, habría encubierto las actividades ilícitas de Abarca, entorpeciendo
incluso las pesquisas de los últimos días.
En
efecto, el propio Miguel Ángel Osorio Chong confirmó que entre 2010 y 2012 se
habían iniciado averiguaciones previas por parte de la PGR en contra de Abarca
por sus presuntos vínculos con el crimen organizado. No obstante, ninguna
investigación logró salir adelante por falta de evidencias.
El
30 de septiembre, policías ministeriales de Guerrero tenían la instrucción de
trasladar a José Luis Abarca al Ministerio Público en cuanto el alcalde pidiera
licencia. No obstante, los agentes llegaron 10 minutos tarde y Abarca ya había
escapado.
La
PGR sospecha que la fuga de Abarca, junto a la de su esposa y el jefe de la
policía municipal de Iguala, fue planificada desde antes de que pidiera
licencia y que en dicho plan estuvo implicado Blanco Carrera. Un caso como éste
no puede tratarse, a su vez, de una situación aislada. Miramos a través del caso
Ayotzinapa como lo haríamos a través de un caleidoscopio, cuya terrible imagen
se multiplica y abarca todo el espacio visual, todo el panorama político
mexicano.
La ley electoral, ya
corriente en 2012, exige la investigación de los antecedentes de los
candidatos. El sentido común exige a los candidatos presidenciales conocer a
sus compañeros de contienda por puestos menores. Tanto los tribunales
electorales como el PRD se olvidaron de estos requisitos.
Ni
el PRI, el PAN, el PT o el PVEM logran escaparse de nexos similares con el
crimen organizado, tal y como demuestra el caso del parlamento de Morelos, con
al menos siete diputados de 30 acusados de uso indebido de recursos y
relaciones con el grupo de Los Rojos, enemigos de los Guerreros Unidos.
La
guerra contra el crimen organizado no ha tenido éxito en buena medida porque el
Estado se encuentra, literalmente, infestado del propio mal que busca combatir.
El problema de Ayotzinapa no se resuelve con la captura de Abarca. La crisis de
Estado no se resuelve con la acusación, procesamiento y encierro de estos 7
diputados. El problema es institucional y sistemático.
Hace poco, el
presidente expresó que, a su parecer, la corrupción conformaba un elemento
arraigado en la cultura del mexicano. Más allá de que esto sea cierto o no, lo
que un comentario así revela es que la corrupción está asumida como un elemento
natural del Estado por su propia cabeza: el jefe del ejecutivo.
El
presidente ha propuesto la conformación de un pacto nacional de seguridad en el
que participen los partidos políticos en unidad. Es alarmante que se piense que
la asociación entre partidos puede sustituir al Estado mismo. Resulta
verdaderamente absurdo que a los funcionarios del país les parezca una buena
idea llenar el vacío que hay en la administración de la seguridad con una
alianza entre los propios partidos antes que con instituciones sólidas.
Hoy,
frente a la captura de Abarca, conviene, más que nunca, formular las preguntas
que al gobierno de Enrique Peña Nieto le falta contestar, enunciar algunos
de los principales problemas que queda resolver:
1. ¿Dónde están los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa
desaparecidos el 26 de septiembre?
2. ¿Cuáles serán las sanciones para los responsables del caso
Ayotzinapa?
3. ¿A quiénes corresponden los cuerpos de las numerosas fosas
clandestinas encontradas en el estado de Guerrero y en el resto del país?
4. ¿Cómo piensa hacer justicia a los 28 mil desaparecidos que
tan sólo desde 2006 faltan en México?
5. ¿Cómo fue posible la contaminación de las instituciones a tal
nivel?
6. ¿Cómo fue posible que individuos con el perfil de Abarca y
similares ocupen con tanta facilidad puestos de poder en todo el país?
7. ¿Cuál será la respuesta institucional y estructural que el
Estado ofrecerá para resolver la crisis de seguridad del país?
8. ¿Cuál para la corrupción?
9. ¿Cómo es que el conjunto de las fuerzas de seguridad a cargo
de las 3 esferas de gobierno no hicieron nada de manera previa para evitar el
caso Ayotzinapa y similares?
10. ¿Cuál es la justa respuesta que el ejecutivo puede ofrecer
de frente a quienes exigen su renuncia y la disolución de poderes?
Por hoy vamos dejándolo aquí, nos vemos mañana desde la capital Chetumal, donde esperamos poder saludar a los
aguerridos miembros de la mesa presidencial de conocido antro cafeteril del
centro donde varias veces al día se modifica el gabinete y se pone a todos en
su lugar. Mientras eso sucede mejor ¡ya váyase a trabajar! no vaya siendo la de
malas porque entonces sí que ya la…
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