Ayer cuando nos enteramos que el
titular de SEP había dicho que no había vuelta atrás, muy a pesar de lo dicho
por el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, nos pusimos a sacar las cuentas
de cuántos serían los “maistros” y esto fue lo que encontramos.
La Secretaría de Educación Pública
(SEP) confirmó que le va a descontar el día a 85 mil 296 profesores ya que supuestamente “sin
justificación” faltaron a clases el pasado lunes 12 de octubre cuando se sumaron al paro nacional de la CNTE.
Esta cifra se calculó de acuerdo a los
datos de la Coordinación General de Delegaciones Federales y revelaron que el
lugar donde más faltas hubo fue en Oaxaca, donde 53 mil 978 maestros no se
presentaron, aunque probablemente no sorprende a nadie este dato.
Los maestros que faltaron en otros
estados se distribuyeron así: Colima, 61; Chiapas, 4 mil 602; Durango, 462;
Guerrero, 5 mil 368; Michoacán, 16 mil 400; Morelos, 316; Nayarit, 249; Oaxaca,
53 mil 978; Sinaloa, mil 432; Sonora, 790; Tabasco,
mil 192; Tlaxcala, 326; Veracruz, 60, y Zacatecas, 60.
Aurelio Nuño Mayer, secretario de
Educación, dijo que estos descuentos no son opcionales y que la SEP va a
verificar que se apliquen pero además reiteró que los 291 docentes y técnicos docentes que
no participaron en la evaluación diagnóstica serán separados del servicio
educativo, aunque reconoció que en caso que alguno presente un recurso ante
esta medida, como un amparo, “se tendrán que seguir por
las vías legales”.
Cuando lo entrevistaron,
luego de participar en la entrega de reconocimientos al mérito en el servicio
público a 71 trabajadores de la Secretaría de Educación Pública, insistió en
que aquellos que decidieron no acudir a examinarse “se les
separará del servicio, porque la ley marca que las evaluaciones son
obligatorias”. Y
agregó que esta acción se aplicará "sin ninguna
consecuencia para el Estado y para el prestador del servicio educativo".
Advirtió que lo mismo
ocurrirá para los trabajadores de la educación que decidan no acudir a la
evaluación del desempeño que se aplicará en noviembre próximo. “A quienes por diversas razones decidan no presentarse, como ha
pasado con esta evaluación diagnóstica, serán separados del servicio porque es
lo que nos marca la ley”.
Tras señalar que la
dependencia federal dará a conocer la lista de profesores y técnicos docentes
que serán separados del servicio por estado, subrayó que esta medida se
aplicará a partir de este 16 de octubre. “Se les
separará de manera definitiva del servicio”.
Nuño Mayer aseguró que
menos del uno por ciento de los maestros que fueron convocados a participar en
este proceso decidió no acudir, cifra que es de casi tres por ciento para
educación media superior.
Por ello, reiteró que 99.1
por ciento de quienes debían cumplir con esta evaluación en educación básica se
presentaron al concluir el primer año de servicio, lo que representó un total
de 21 mil 673 sustentantes. En el caso de bachillerato, la cifra fue de 3 mil
270 maestros y técnico docentes, lo que representa 97.4 por ciento de lo que
fueron llamados a participar.
***
Por otra
parte le cuento que el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado reprobó de
forma contundentemente la filtración del video con audio de la fuga de Joaquín
Guzmán Loera, que forma parte de las averiguaciones y del proceso penal.
Por
ello, exigió enérgicamente una investigación a fondo para castigar a los
responsables de dicha filtración. En opinión de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de ninguna
manera las averiguaciones y procesos deben de realizarse a través de los medios
de comunicación, pues esto “sólo
genera desconfianza en las investigaciones”.
El
video, al formar parte del expediente del caso, no podía mostrarse a nadie por
estar sujeto a reserva de Ley, en todo momento, el video ha estado en manos de
las autoridades competentes, expresaron.
Los
senadores del PRI manifestaron su plena confianza en las instituciones
responsables del caso, que han realizado una investigación profesional,
transparente, objetiva, con criterios técnicos y apegados al Estado de derecho,
más allá de las especulaciones que pueden desvirtuar, de buena o mala fe, las
mismas.
Finalmente,
hicieron un llamado a todos los actores involucrados para actuar con
responsabilidad, cerrar filas en torno a las instituciones del país, y
contribuir a la pronta captura de este delincuente, así como para sancionar a
los involucrados en el caso.
***
Ayer, el subprocurador de Derechos
Humanos de la Procuraduría General de la República, Eber Omar Betanzos Torres,
anunció que el Gobierno federal enviará a la Cámara de Senadores su iniciativa
de Ley de Desaparición Forzada, que propondrá penas de 50 a 100 años de cárcel
para agentes del Estado que cometan este delito y multas de cuatro mil a ocho
mil días. Y si se trata de ocultamiento la propuesta, serán de 30 a 60 años de
cárcel para quién “comete
el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que priva de
la vida o de la libertad a un individuo y propicia o mantiene su ocultamiento y
se niega a reconocer dicha privación o a proporcionar información sobre su
paradero o de sus restos humanos”.
También serán ejemplares las
sanciones para los particulares, por lo que se sugieren penas de 40 a 90 años
de prisión. Y si se trata de ocultamiento, se propone de 30 a 50 años de cárcel
para quién Estos tipos penales, dijo, buscan atender una asignatura pendiente
en materia de derechos humanos y una deuda que es necesario cubrir. Durante su
participación en la última audiencia pública que organizó el Senado de la
República para iniciar la dictaminación de esta ley, comentó que dada la
naturaleza de este delito, que vulnera seriamente las garantías individuales y
ofende a la sociedad, se proponen penas ejemplares para castigar la
desaparición forzada cometida tanto por agentes del Estado como por
particulares.
Se contempla en la propuesta
presidencial que este delito será imprescriptible, que se perseguirá de oficio
y, por ser un delito grave, no alcanzará fianza. No permitirá beneficios de
libertad preparatoria, sustitución o conmutación de penas.
Tampoco se podrán invocar
circunstancias especiales de justificación como tiempo de guerra, la suspensión
de derechos y perturbación grave de la paz pública. Pero sí incluye atenuantes
para las personas procesadas que proporcionen elementos o información que
contribuyan a la localización con vida de los desaparecidos, que permitan
esclarecer el caso o identificar a los responsables.
Además informó que a la brevedad esta
iniciativa se presentará ante el Congreso de la Unión y marcará “un
adelanto para nuestro país en términos de que permite uniformar la legislación
con los más altos estándares internacionales. Y marca una posición de apertura
en los procesos de discusión con la sociedad civil y los expertos en la
materia”.
Por hoy vamos dejándolo aquí, nos
vemos el lunes cuando, si quién TODO lo puede nos lo permite, tengamos un
número más de EL AJUSTE DE CUENTOS pero ahora, y por favor, ya no le haga usted
más al cuento recuerde que hoy apenas es viernes, que usted no es maestro y que
sí tiene que trabajar, así que jálele porque ya se le hizo tarde y no vaya
siendo la de malas porque entonces sí que ya la…
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