Esto que hoy le voy a contar no sucedió en la edad
media, sucedió hace apenas unos días, en pleno siglo XXI y en este país que se
pedorrea de ser un país civilizado que avanza hacia la modernidad y, en algunas
partes aún vive en la ignorancia extrema. Le cuento porque sin
considerar el derecho superior de una niña de 15 años, originaria de San Juan
Copala, en la zona indígena triqui, el Poder Judicial del Estado, a través del
Juzgado Segundo de lo Familiar, determinó entregarla a sus padres que la
vendieron por, lea usted bien, ¡40 mil pesos!, denunció la Defensoría de los
Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
En tanto, la directora del Sistema DIF Oaxaca,
Fátima García León confirmó el ingreso de la menor al albergue de la
institución estatal, como parte de la resolución mientras se revisa el caso por
parte del Poder Judicial, el defensor de los Derechos Humanos, Arturo Peimbert
Calvo, sostuvo que la juez Elizabeth Roxana López Luna desestimó las medidas
cautelares dictadas por el órgano autónomo a favor de la víctima y le ordenó a
la Subprocuraduría de Delitos contra la Mujer de la Procuraduría General de
Justicia (PGJ), encargada de la custodia desde agosto de 2013, entregarla a sus
progenitores Margarito Cruz y María Juana Santiago.
En sesión pública, ante los integrantes del Consejo
Ciudadano de la Defensoría, el ombudsman refirió que López Luna “no
consideró los argumentos de la niña, quien llorando aseguró que
la entregarían (sus padres) a quien la compró para luego llevársela al
Distrito Federal”.
Expuso que la menor pertenece a un grupo de
personas desplazadas de San Juan Copala, pero “debido a que su madre y padre
tenían una deuda de 40 mil pesos por servicios de “protección jurídica” con
Basilio Ramírez, supuesto abogado del grupo anteriormente en plantón en el
zócalo de la ciudad de Oaxaca, la iban a entregar a éste como pago”.
La madrugada del 7 de agosto de 2013, cuando iba a
ser entregada, la niña escapó y buscó a sus paisanos (contraparte de los
desplazados), quienes le dieron refugio, aunque al encontrarla su madre la
golpeó, pero no logró llevársela.
Por esto, la Subprocuraduría de Delitos contra
la Mujer por Razón de Género inició la averiguación previa 1020/(V.I)/2013 por
violencia intrafamiliar, lesiones y demás delitos que se configuren.
Sin embargo, María Juana Santiago y Margarito Cruz
Aguilar demandaron ante un juzgado de lo familiar, en el Distrito
Judicial del Centro, iniciar un juicio de controversia y custodia provisional o
definitiva, por lo que la semana pasada obtuvieron la entrega de la niña, sin
que la juez considerara los antecedentes del caso, los cuales manifiestan
la existencia de un riesgos para la niña.
Ante estos hechos la Defensoría emitió el pasado 27
de febrero la medida cautelar —DDHPO/CA/234/(01)/OAX/2014— dirigida al
presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado para que girara
instrucciones a la Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro
para que considerara el riesgo existente en la entrega de la niña a sus padres.
Una vez más, el lunes 3 de marzo se reiteró la
medida cautelar, en atención al riesgo de que la niña fuera llevada a la Ciudad
de México en contra de su voluntad. La medida provocó que una decena de
indígenas triquis, del grupo de desplazados al cual pertenecen los padres de la
niña, se manifestara antier ante la sede de la DDHPO, cerrara los accesos y
retuviera más de diez horas a trabajadores y usuarios.
Después el subsecretario de la Secretaría General
de Gobierno, Dagoberto Carreño, acompañó a los padres a una diligencia expedita
para que se les entregara a la menor de edad. Pero esto no ocurrió a solicitud
de la Defensoría y la Subprocuraduría, esta última en su calidad de Ministerio
Público y representante social de la víctima.
Usos y costumbres La venta de niñas y mujeres con fines de
casamiento, en algunas comunidades indígenas de Oaxaca, es una práctica que no
ha sido erradicada del sistema de usos y costumbres, lo que vulnera los
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, comentó la directora del
Instituto de la Mujer Oaxaqueña, Anabel López Sánchez.
Estas prácticas se prestan para encubrir
“gravísimos casos de abuso, o de trata o venta de menores de edad”,
señaló.
En localidades como San Juan Copala o San Martín
Itunyoso siguen vigentes estas deplorables costumbres. Este es nuestro México “Lindo
y Querido” donde la vida, contrario a lo que decía José Alfredo Jiménez de que “no
vale nada”, ahora ya vemos que, al menos en Oaxaca, una niña vale 40 mil pesos
como pago de una deuda.
¿De qué color es el alma de Basilio Ramírez? ¿Tendrá algo
que decir la Barra de Abogados de Oaxaca? ¿Lo dejarán que se salga con la suya?
¿Cuánto se llevó la jueza Elizabeth Roxana López Luna?
***
Con el encabr….itamiento a todo lo que da, mejor aquí le
paramos, nos vemos mañana si quién todo lo puede nos lo permite, cuando
tengamos un número más de EL AJUSTE DE CUENTOS mientras tanto llévela suave,
pórtese bien y sea feliz, nada le cuesta.
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