Ayer se supo, porque así lo reconoció ante la Comisión especial de
diputados que investiga la agresión armada contra los normalistas de Ayotzinapa,
que el gobierno de Guerrero sí se enteró del hecho en el momento en que
ocurría, pero que no intervino con la policía estatal porque el alcalde de
Iguala con licencia, José Luis Abarca, no le respondió el teléfono.
Durante la reunión que mantienen en Guerrero con Ángel Aguirre y
un grupo de colaboradores, el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo,
dijo que él se trató de comunicar con Abarca y que éste le respondió hasta la
1:00 de la madrugada del 27 de septiembre, y que si no envió a la fuerza
estatal se debió a que tenía que cumplir con los protocolos de colaboración de
la alcaldía.
También los legisladores quisieron saber por qué la procuraduría
del estado no aplicó protocolos para evitar que José Luis Abarca se fugara
después de la sesión de cabildo que le autorizó la licencia para ausentarse del
cargo.
El procurador Inaki Blanco les respondió: “no sabemos cómo se nos
escapó”.
Durante el encuentro también los diputados preguntaron al
gobernador su opinión respecto de las voces que exigen su renuncia, piden la
desaparición de poderes o juicio político, como una forma de evitar que
continúe la crisis en la entidad.
Aguirre Rivero les respondió que detrás de esas voces existe una
carga política que trata de perjudicar al estado y sostuvo: “la violencia está
focalizada en Iguala”.
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También ayer y luego de una
reunión de más de cuatro horas, la fracción del PAN en el Senado presentó
formalmente la petición para que se inicie el procedimiento que lleve a la
desaparición de poderes en Guerrero, lo que implicaría, de aprobarse, la
sustitución del gobernador y los Poderes Ejecutivo y Legislativo en esa
entidad.
Pasadas las 2:30 el coordinador
de los senadores del PAN, Jorge Luis Preciado, presentó la solicitud en
Oficialía de Partes de esa Cámara del Congreso y sostuvo que no hay otra opción
dada la incompetencia del gobernador Ángel Aguirre Rivero para frenar la
violencia y la inseguridad que se vive en Guerrero, lo que llevó a la
desaparición de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.
El documento, detalló, lleva la
firma de 30 de los 38 senadores panistas que estaban en esos momentos en la
ciudad y significa “una oportunidad del Senado para actuar, ante la grave
situación que se vive en Guerrero”.
Preciado insistió en que el gobierno
de Enrique Peña Nieto no ha logrado frenar la actuación del crimen organizado y
en lo que va del año se han registrado más de 10 mil asesinatos, y hay
ingobernabilidad en varias entidades, en las que la delincuencia es la que
manda.
De acuerdo al procedimiento
legal, la propuesta debe turnarse a comisiones y en un plazo de cinco días se
debe dar respuesta a sí procede o no el procedimiento, que finalmente deberá
ser votado ante el pleno por la mayoría simple de los legisladores.
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El legislador José Guillermo Anaya Llamas indicó
que no es responsabilidad de la Comisión Especial para el caso Iguala de la Cámara de Diputados,
determinar la estancia o no de Ángel Aguirre, al frente del gobierno de Guerrero.
“Tenemos
confianza de encontrar a los muchachos con vida”, aseguró el presidente de la Comisión Especial
para el caso Iguala de la Cámara de Diputados, José Guillermo Anaya.
El también presidente de la comisión especial, detalló que esta
tarde se reunió con el gobernador estatal, quien entregó varios documentos
sobre las acciones que se han realizado desde un inicio, sobre la desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapa.
Añadió que se tiene “confianza de encontrar a los muchachos con vida”, además de referir que las
investigaciones continúan de manera coordinada entre la Procuraduría General de
la República (PGR) y la procuraduría estatal.
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Después del ataque contra los
estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, en el país
“nada podrá ser igual”, aseveró el rector de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), José Narro Robles.
“Después de lo que hemos visto y lo que
aún no sabemos, tiene que dejarnos una profunda huella de inconformidad e
indignación por los asesinatos, desapariciones, lesionados y afectación de
derechos cometidos desde las estructuras que deberían tener como responsabilidad
ofrecer garantías de seguridad a la población”, planteó.
Al referirse a estos hechos suscitados
la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, que dejaron un saldo de
seis personas asesinadas –tres de ellos normalistas—, 43 alumnos de esa escuela
desaparecidos y una veintena de heridos, Narro Robles indicó que hoy el país
está frente a momentos en los que se confunden tareas y responsabilidades que
deberían estar bien definidas:
“Las de aquellos que deben combatir a
la delincuencia y las de quienes pertenecen a ésta y están fuera de la ley; las
de quienes tienen el poder administrativo y las de quienes hacen uso del poder
delincuencial (…) Son colusiones que generan profunda inseguridad e
incertidumbre ente la población”.
En el contexto de la inauguración del
“Foro 20-20, las ciencias sociales de la UNAM: sus logros y retos”, que se
realizó en el auditorio Jesús Silva Herzog del posgrado de la Facultad de
Economía, el rector advirtió que la violencia se pretende acallar y combatir
con más violencia.
“Acciones sin sentido que afectan no
sólo a quienes pudieran haber incurrido en actos por los que tienen que
responder, sino que también impactan a personas inocentes que no tienen
responsabilidad en los hechos registrados”.
Consideró que el país requiere de una
profunda reflexión, sensata, inteligente e informada, y que también en forma
decidida se pongan en práctica acciones que permitan resolver tanto problemas
históricos como la pobreza, la desigualdad y la exclusión; como los conflictos
de siglos como la corrupción y la impunidad.
“Requerimos que las ciencias sociales
aporten argumentos y vías de salida a los problemas que afectan al país”.
***
Han pasado ya 20 días y de los chavos
normalistas aún no se sabe nada. Han aparecido, como hongos después de la
lluvia, las fosas clandestinas en las que se han encontrado varios cadáveres y
el procurador Murillo ha salido al frente con la “noticia” de que los cuerpos
encontrados en ellas “no son los normalistas” y en lugar de llevar calma y sosiego
a los familiares de los desaparecidos solamente ha logrado aumentar las dudas
de la efectividad del trabajo de las autoridades y la incertidumbre acerca de
su paradero.
Entonces,
¿si los cuerpos hasta ahora encontrados en las fosas clandestinas son
los de los muchachos normalistas, de quién son? Eso también habría que investigar
y aclarar porque, seguramente, hay por ahí muchas familias esperando por alguno
de sus miembros que un día despareció y aún el día de hoy esperan su regreso.
El problema aquí, además de las
desapariciones en sí, es que este asunto, como hit en el beisbol, “pica y se
extiende” y ha logrado que varios estados se sumen a sus protestas con marcha y
plantones en los que la demanda es la misma “vivos se los llevaron, vivos los
queremos de vuelta”.
Son muchas las preguntas que brincan porque…¿dónde
está el equipo de “inteligencia” de Osorio Chong y su Secretaría de Gobernación
que no pudo detectar las actividades del grupo “Guerreros Unidos”? Qué van a
hacer con los cadáveres encontrados ¿Los van a identificar para entregarlos a
sus familiares? ¿Van a investigar cómo es que fueron a parar en esas fosas,
quién o quienes los mataron? ¿Cuántos grupos más de asesinos, porque eso es lo
que son, hay en el país actuando sin temor a ser aprehendidos?
Por hoy vamos dejándolo aquí, nos vemos
mañana hora y lugar de costumbre pero ahora ¡córrale! porque ya se le hizo
tarde y no vaya siendo la de malas
porque entonces sí que ya la….
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